Categorías
Sin categoría

DE DERECHOS Y JUSTICIA

La norma constitucional de un Estado determina sus características primordiales. En nuestro caso, se trata de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Antes, de conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, se trató de un Estado Social de Derecho.

Las Constituciones de otros Estados sudamericanos han determinado sus características; así, la de Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; la de Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho; la de Colombia como un Estado Social de Derecho; y, la de Perú como una República democrática, social, independiente y soberana.

Como se puede observar, en la Constitución de la República del Ecuador vigente, se destaca la naturaleza constitucional del Estado de derechos (no social de derecho) y de justicia.

Es fundamental la definición que la Constitución da al Estado ecuatoriano, por cuanto ella determina el contenido de las normas de inferior nivel jerárquico, el proceder de la autoridad y la estructura misma del poder. En tal sentido, la finalidad del Estado es proteger de manera efectiva los derechos consagrados en la Constitución, mientras que la de los órganos que conforman el Estado, es garantizarlos; y, para tal efecto, la Constitución establece también, los mecanismos de participación respecto de la toma de decisiones y su correspondiente legislación. En conclusión, la Constitución de la República del Ecuador está conformada de una parte material, una dogmática y una procedimental.

En consecuencia, podemos afirmar que los derechos de las personas constituyen los límites fundamentales del poder; y por lo tanto, los derechos consagrados en la Constitución no podrán ser violentados de manera alguna, es por esto que debe revestirse de rigidez, lo que implica que para reformar la Constitución se requiera de representación constituyente; y no, de una simple mayoría parlamentaria.

De conformidad con el filósofo y jurista argentino Carlos Santiago Nino, las normas jurídicas están compuestas por:

a) Principios, que son normas téticas que determinan mandatos de maximización;

b) Enunciados lingüísticos, que constituye la regla, con una hipótesis de hecho y una obligación atados a los principios; y,

c) La valoración de justicia, que implica que el resultado de aplicar el derecho, debe ser justo, caso contrario, corresponde a la autoridad buscar alternativas o crear nuevas reglas.

Al respecto, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, en su artículo “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, publicado en la obra “La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado”, nos refiere lo siguiente:

“Cuando la Corte de Apelaciones de Argentina resolvió las excepciones preliminares en el caso Massera, se enfrentó a un problema jurídico complicado. Se denunció que el Sr. Massera tenía responsabilidad por las muertes, torturas, desapariciones y alteraciones de identidad de miles de personas, años después de haber ocurrido los hechos. Por una lado, el acusado esgrimía una regla, la “prescripción” de la acción penal y el principio de non bis in idem, que tenía sustento en el principio constitucional de la seguridad jurídica; por otro lado, las víctimas, esgrimían otro principio, la tutela efectiva de los derechos, que no tenía regla prevista en el ordenamiento jurídico argentino para el caso penal en concreto. Si el juez aplicaba el derecho invocado por Massera, el resultado era injusto; si el juez sostenía que no tenía regla para aplicar, el resultado también era injusto. En el caso, el juez, invocando derecho penal internacional, construyó una regla y determinó que la justicia del derecho positivo era tan injusta que tenía que aplicar otro derecho. El Sr. Massera, al final, fue condenado. Este ejemplo nos sirve para demostrar que el análisis de la justicia, desde una perspectiva neoconstitucional, es parte del derecho y por tanto el análisis de la justicia se lo hace desde lo interno.”

Lo señalado nos permite apreciar claramente cuál deber ser el rol de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, mismo que implica el esfuerzo de los órganos jurisdiccionales por dejar de ser “boca de la Ley” y convertirse en garantistas de los Derechos y de la Justicia.

Franklin Robles Orellana