Categorías
Sin categoría

LA GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y EL BONO SOLIDARIO

La historia del salvataje bancario y el denominado Bono Solidario, tienen un orígen común, aunque se pueda afirmar que el primero cuenta con una estructuración y desarrollo normativo más prolongado, no se podría dejar de observar cómo los hechos jurídicos y políticos estuvieron estrechamente ligados en nuestra historia reciente.

En el Registro Oficial Suplemento 930 de 7 de mayo de 1992, se publica la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, propuesta por el entonces Presidente Constitucional de la República, el Dr. Rodrigo Borja Cevallos.

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, establecía que la Junta Monetaria en casos de iliquidez de las instituciones del sistema financiero, podría autorizar al Banco Central del Ecuador a conceder créditos por sesenta, noventa y ciento ochenta días a favor de dichas entidades, cuando se verifiquen retiros de depósitos que afecten la estabilidad de uno o más bancos privados.

Adicionalmente, la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado abrió la posibilidad para que el Banco Central del Ecuador delegue a sus corresponsales en el país la recepción y aprobación de las importaciones y exportaciones, atribuciones que haste ese entonces eran privativas del Estado ecuatoriano, con lo que se deshacía de una importante herramienta económica de control.

Con el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén se dio inicio a una fuerte arremetida neoliberal, que abiertamente buscaba la liberalización del sistema financiero, al son de una supuesta “Modernización del Estado” que planteaba la privatización de sectores estratégicos del Estado, así como la desregularización y restricción de las herramientas de supervisión de los bancos.

Es así que el 3 de mayo de 1994, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; y, el entonces Presidente de la República, el Arq. Sixto Durán Ballén, la promulgaba en el Registro Oficial Suplemento 439 de 12 de mayo de 1994, con lo que se allanó el camino a los accionistas de los bancos, para la colocación de los dineros de los depositantes, sin más control que su propia normativa. Después de una convocatoria a consulta popular en la que verificó un rotundo fracaso, le sucedería en el poder, el Abg. Abdalá Bucaram Ortiz.

El 6 de febrero de 1997, había sido derrocado el entonces Presidente de la República del Ecuador, Abg. Abdalá Bucaram Ortiz, cuya campaña electoral había sido financiada principalmente por Filanbanco, de los hermanos Isaías; y que, durante su gobierno, había insistido en la posibilidad de iniciar un proceso para la convertibilidad de la moneda.

De conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial número 800 de 27 de marzo de 1979, correspondía suceder en el poder a la Vicepresidenta, la Abg. Rosalía Arteaga Serrano.

Sin embargo, la Abg. Rosalía Arteaga Serrano no pudo permanecer en el poder; y, el 11 de febrero de 1997, con el favor de 57 diputados del Congreso Nacional, el segundo en el orden de sucesión al poder, el Dr. Fabián Alarcón Rivera, fue nombrado Presidente Interino; y como tal, convocó a una consulta popular para la conformación de una Asamblea Constitucional que reformara la Constitución de 1979; y que tal vez, pudiera legitimar su ascenso al poder.

La Asamblea Constitucional fue presidida por el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea; y, por mayoría de sus miembros, se transformó ante sí, en Asamblea Constituyente, con facultades para dictar una nueva Constitución, que fue aprobada el 5 de junio de 1998, con previsión de vigencia a partir de la posesión del nuevo Presidente de la República.

La flamante Constitución Política de la República, en su Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda, ordenaba lo siguiente:

“Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación.”

La disposición transcrita, con extraña previsión de auxilio a las instituciones financieras, constituyó la crónica anunciada del mayor fraude cometido en la historia de la República, elevado a norma constitucional.

El 10 de agosto de 1998, luego de un proceso electoral cuyos resultados fueron cuestionados por el candidato Abg. Alvaro Noboa Pontón, es posesionado como Presidente de la República del Ecuador, el Dr. Jamil Mahuad Witt, cuya campaña había sido financiada principalmente por Fernando Aspiazu Seminario, del Banco del Progreso; y, el 14 de septiembre de 1998, suscribía el Decreto Ejecutivo 129, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 29 de 18 de septiembre de 1998, mediante el cual estableció un subsidio a entregarse a las madres de familia pobres del Ecuador, el denominado Bono Solidario.

El 30 de octubre de 1998, el Estado ecuatoriano a través del entonces Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió un contrato de prestación de servicios para el pago del Bono Solidario con la compañía BANRED S.A., quien desde entonces, prestaría los servicios de manera exclusiva a través de varias instituciones financieras, a cambio de comisiones a cobrar sobre las transferencias monetarias a los usuarios, por más de 14 años.

De otra parte, el Congreso Nacional, el 30 de noviembre de 1998, aprobó la Ley de Reordenamiento en materia Económica, en el área Tributaria-Financiera (98-17), publicada en el Registro Oficial Suplemento número 78, dos días después, el 1 de diciembre de 1998.

La Ley 98-17, en concordancia con la Constitución Política de la República vigente desde el 10 de agosto de 1998, dispuso la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos; y, en su Art. 22 ordenaba:

“Respecto de las IFIs, que se encuentren sometidas al Procedimiento de Saneamiento, el Estado ecuatoriano garantiza el pago de la totalidad de los saldos de depósitos y otras captaciones, vigentes y por contratarse, con los correspondientes intereses calculados hasta el día anterior al inicio del Procedimiento de Saneamiento, de personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país y en el extranjero, debidamente registrados en las IFIs y de las otras entidades integrantes del mismo grupo financiero, incluyendo las off-shore de las instituciones financieras nacionales, siempre que éstas estén autorizadas a captar depósitos del público en el país por la Superintendencia de Bancos…”

Finalmente, el desenlace parecía verificar el cometimiento del crimen perfecto: Por un lado, se diseñó toda una estrategia para garantizar que los recursos depositados por los ciudadanos, invertidos en los negocios de los dueños de las instituciones financieras o de sus familiares y amigos, sean devueltos por el Estado; y, por otro lado, frente al atraco, la limosna: el Bono Solidario.

En la actualidad, el Bono de Desarrollo Humano deberá dejar atrás la lógica del Bono Solidario. No se trata solamente de cambiar su denominación, sino de incorporar la vigencia de los principios de corresponsabilidad y el cumplimiento de condicionalidades y la implementación de una estrategia de acompañamiento a las familias para la salida de la pobreza, así como el depuramiento de las bases de datos de usuarios del programa.

Con la voluntad de enfrentar el desafío, el entonces Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con sus recursos y talento humano, desarrolló su propia plataforma transaccional, lo que le permite prestar un servicio que beneficia a la población más pobre del Ecuador: el pago del Bono de Desarrollo Humano.

Una vez que el Estado ecuatoriano estuvo en condiciones de prestar el servicio de transferencias monetarias con los más altos niveles de calidad y eficacia, el 18 de octubre de 2012, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, puso en conocimiento de la compañía BANRED S.A., la decisión de iniciar el proceso de liquidación del contrato; y con ello, la voluntad política de cerrar un capítulo de vergüenza en la historia de la República.

La Historia y la Justicia, determinarán si los hechos se sucedieron como parte de una estrategia integral, como un diseño complejo y no casual, que permitió a un grupo de poder acumular un gran capital, en desmedro de la ciudadanía, en un proceso sostenido de alrededor de una década, en la que se expidieron las normas necesarias para hacerlo; es decir, el poder ejecutivo y legislativo, el Estado en sí mismo, puesto al servicio del gran capital.

Por el contrario, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, reconoció la importancia de la economía popular y solidaria en la lucha contra la pobreza; y, estableció prohibiciones expresas al sistema financiero, respecto de los créditos vinculados.

El 31 de octubre del año 2013, el Ministerio de Inclusión Económica y Social concluyó el proceso de cierre y liquidación del contrato celebrado el 30 de octubre de 1998, entre el entonces Ministerio de Economía y Finanzas y la compañía BANRED S.A., lo que significó el fin de un monopolio en la prestación del servicio de transferencias monetarias, de alrededor de 15 años a favor de una compañía que presta sus servicios a varias Instituciones Financieras Privadas.

Franklin Robles Orellana