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SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, el Estado debe garantizar; sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, en particular, la Seguridad Social para sus habitantes.

De otra parte, nuestra norma constitucional establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, como el de la seguridad social.

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 34, textualmente ordena:

“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.”

Respecto de las niñas, niños y adolescentes, la norma constitucional ha previsto que gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. En consecuencia, la Constitución de la República del Ecuador ha determinado que las niñas, niños y adolescentes, también tienen derecho a la seguridad social.

Al amparo de la misma norma constitucional, las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad, que requieran atención permanente, serán cubiertas por la seguridad social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.

En el marco de los derechos de libertad, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas; entre otros, el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

Concomitantemente, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social; y, en consecuencia, pagar los tributos establecidos por la ley.

El marco constitucional vigente ha determinado que la protección de la seguridad social se deberá extender de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.

Con los antecedentes señalados, cabe indicar que la Seguridad Social es parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, entendido como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

A su vez, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, observando los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad, no discriminación y funciona bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

Como se dejó señalado anteriormente, el Sistema se compone de la seguridad social; sin embargo, también de los ámbitos relacionados con la educación, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Respecto del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, es público y universal, con prohibición expresa de privatización, debiendo atender las necesidades contingentes de la población, las que se harán efectivas a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales.

Los principios que observa el Sistema de Seguridad Social, son los que rigen respecto del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social; así como también, los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad.

En virtud de los principios señalados, el seguro es universal y obligatorio, y debe cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte, debiendo cubrir a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral.

También se ha previsto en nuestra Constitución, la cobertura del denominado Seguro Social Campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que se trata de un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; y que, ofrece prestaciones de salud y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

De otra parte, la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; y, en el primer inciso de su Art. 195, determina que la acción penal deberá observar los principios de oportunidad y de mínima intervención penal, de la siguiente manera:

“Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.”

La vigencia del principio de mínima intervención penal en el Ecuador fue observado por el Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 360 de 13 de enero de 2000, que en su cuarto artículo innumerado posterior al Art. 5, establecía:

“Mínima intervención.- En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y ofendidos.”

Por su parte el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014, también determina la aplicación del principio de mínima intervención penal, así:

“Art. 3.- Principio de mínima intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.”

Al respecto, la vigencia del principio de mínima intervención penal y de última ratio del Derecho Penal, implica reservar las sanciones que conllevan una pena privativa de la libertad, para aquellos casos en los que los bienes jurídicos lesionados por la acción típica antijurídica y culpable, sean de especial significación; y, que el Estado no cuente con más recursos jurídicos suficientes para el efecto.

Adicionalmente, la Administración de Justicia en el Ecuador enfrenta serias dificultades para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, relacionadas con la congestión de procesos, por lo que resulta indispensable que dedique sus mayores esfuerzos a los casos realmente graves, aquellos que afectan seriamente a la sociedad; y por lo tanto, generan alarma social. De otra manera, no se podrá optimizar los recursos que el Estado destina para la Administración de Justicia.

Otro elemento a considerar, es la situación del Sistema Penitenciario en el Ecuador, especialmente respecto de su capacidad, pues existe hacinamiento y las condiciones en general son infrahumanas, las que finalmente se traducen en graves violaciones a los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Social publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 465 de 30 de noviembre de 2001, establecía sanción penal en contra de funcionarios públicos o empresarios privados, por retención de aportes patronales y/o personales, luego de haber efectuado los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de los trabajadores.

Finalmente, de conformidad con los resultados de la consulta popular celebrada el 7 de mayo de 2011, la Asamblea Nacional, debía tipificar como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, el análisis no debe agotarse en dicho punto, pues resulta indispensable observar aspectos como la vigencia de las normas jurídicas y su validez. La vigencia tiene relación directa con el procedimiento para la expedición de una norma; es decir, que haya sido dictada por autoridad competente y al amparo de una norma de procedimiento, lo que aparentemente ha sucedido. Por su parte, la validez de una norma, tiene que ver con su contenido y su correspondencia con el marco constitucional, los principios y la justicia.

Franklin Robles Orellana